BOGOTÁ (AP) — La Corte Suprema de Justicia denunció el jueves el asedio por parte de partidarios del gobierno, que bloquearon por varias horas el acceso a sus instalaciones, en medio de una protesta en la que reclaman la elección de una nueva fiscal general, luego de que el presidente Gustavo Petro instara a la ciudadanía a manifestarse señalando que desde el actual Ministerio Público se estaría presionando para sacarlo del cargo.
“Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces, cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, reclamó en una declaración a la prensa el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, quien insistió que se trata de un “bloqueo violento e ilegal”.
Agitando banderas de Colombia y de centrales obreras, decenas de personas se aglomeraron frente a la Corte Suprema de Justicia en el centro de Bogotá, que a puerta cerrada se reunió para deliberar sobre las tres mujeres opcionadas para ocupar el puesto de fiscal general, un proceso que inició en diciembre pasado y no tiene una fecha fija para culminar.
Sin embargo, no hubo humo blanco. El presidente de la Corte informó a la prensa que tras dos rondas de votaciones, ninguna de las tres candidatas, propuestas en una terna por Petro, obtuvo una mayoría de 16 votos, de 23 posibles, como lo exige el reglamento.
Tras conocer la elección fallida, algunos manifestantes corearon “no violencia, resistencia” y se ubicaron en las puertas de acceso al alto tribunal bloqueando el paso.
“Que se disuelva esa Corte Suprema, no sirve para nada, pasa por encima del pueblo”, dijo a The Associated Press David Carbajal exaltado.
El director de la Policía, William René Salamanca, advirtió que si los manifestantes insistían en bloquear el Palacio de Justicia, sede de la Corte, “la policía procede: aquí prima la seguridad de los magistrados y funcionarios”.
Luego de que funcionarios de la alcaldía fracasaran en disuadir mediante el diálogo a los manifestantes, la policía intervino. Algunos manifestantes con la cara cubierta lanzaron piedras a los agentes antimotines, quienes respondieron usando sus escudos y gases lacrimógenos hasta dispersar la protesta.
Custodiados por la policía, salieron del interior del Tribunal los magistrados en carros blindados, así como otros funcionarios que se encontraban en el lugar.
Según Petro, en la marcha hubo “infiltrados” enviados para bloquear el Palacio de Justicia, sin señalar un responsable, y pidió que sean “profundamente investigados”.
El presidente de la Corte exigió al gobierno nacional brindar las garantías necesarias e indicó que la “democracia queda en vilo” cuando cualquier sector o actor “pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”.
Petro, quien más temprano negó que las movilizaciones hayan sido ordenadas por él ni que pretendan ejercer presión contra la Corte, solicitó “no producir un enfrentamiento entre justicia y ciudadanía”. El mandatario defendió tanto el derecho del tribunal de elegir fiscal libremente, como el de la ciudadanía de manifestarse.
“La protesta del pueblo no es contra la justicia sino contra la mafia que se toma la justicia. La mayoría de la ciudadanía colombiana está por un país de la decencia”, indicó desde su cuenta de X, antes Twitter.
La Corte Suprema recibió mensajes de respaldo de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Defensoría del Pueblo y algunos congresistas.
César Gaviria, líder del Partido Liberal y quien gobernó Colombia entre 1990 y 1994, alertó en un video difundido a la prensa que Petro está actuando con “actos violatorios de la Constitución, nos está sacando del Estado de derecho y estaría incurriendo en actos criminales”.
Hasta el 12 de febrero estará al mando de la Fiscalía Francisco Barbosa, un abierto crítico del presidente. Después, quedará como fiscal encargada y provisional la actual vicefiscal Martha Mancera, mientras se convoca de nuevo sala plena en la Corte para una segunda votación sobre la terna.
Los manifestantes también se dieron cita en las sedes de la Fiscalía en Bogotá y en otras ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín, por ser la entidad el foco de los reclamos.
Barbosa tiene en sus manos varios procesos que involucran a la familia del presidente y a su campaña electoral. Recientemente, la Fiscalía allanó la sede del sindicato de maestros, Fecode, en el marco de una investigación por una donación de alrededor de 127.000 dólares que no fue debidamente registrada y habría servido para financiar la campaña electoral de Petro.
Petro ha advertido que, a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral, se sumarían procesos contra otras dos personas cercanas a su campaña y partido político, lo que ha interpretado como maniobras de sus detractores para intentar forzar su salida del cargo.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió el jueves en un comunicado que “se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia” y se garantice que Petro complete su mandato. También resaltó la importancia de nombrar a la nueva fiscal “con el fin de brindar certeza constitucional y política al país”.
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